Sanitarias reaccionan ante iniciativa constituyente que busca estatizar el sector

Sanitarias reaccionan ante iniciativa constituyente que busca estatizar el sector

 “Es responsabilidad del Estado otorgar servicios de producción y distribución de agua potable, como también servicios de alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas servidas a todas las viviendas e inmuebles conectados a la red”. Esa es parte de la iniciativa constituyente de norma “De los deberes del Estado en la provisión de agua y demás servicios sanitarios”, que este lunes fue aprobada en general por la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional (CC).

La iniciativa, presentada por la convencional de Movimientos Sociales Constituyentes, Carolina Vilches, patrocinada por otros pares de su sector, y que señala que la “prestación” de estos servicios sanitarios quedaría en manos del Estado, "se realizará directa y exclusivamente por organizaciones comunitarias de agua potable y saneamiento o bien por entidades públicas estatales, establecidas en conformidad a la ley”, encendió las alarmas, precisamente, en estos sectores, desde donde la califican como un retroceso.

A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess A.G.), que agrupa a las principales compañías sanitarias privadas de Chile, planteó sus reparos. Si bien parten comunicando que "la iniciativa también establece el deber del Estado de garantizar el derecho humano al agua potable de calidad y al saneamiento para las actuales y futuras generaciones, definición que compartimos, ya que lo esencial es avanzar para que todas las personas en Chile dispongan de estos servicios de forma digna, donde quiera que ellos residan", advierten que "nos parece que las propuestas de estatización de las empresas no abordan el problema principal actual ni el tremendo desafío futuro que nos impone el Cambio Climático para seguir llegando con servicios sanitarios a toda la población de zonas urbanas y terminar con las restricciones al suministro en localidades rurales fuera de la acción de las empresas, donde no se cuenta con seguridad hídrica ni infraestructura sanitaria suficiente para el abastecimiento de agua potable".

"Una eventual estatización de las empresas implicaría una carga fiscal no evaluada para el próximo gobierno, ya muy exigido con múltiples demandas sociales. Ello incluye la necesidad de realizar inversiones para los próximos 20 años de alrededor de 10 mil millones de dólares, destinados a mantener los estándares de servicio actuales en un escenario de cambio climático", añaden.

En la parte final del comunicado, indican que "la posición del sector sanitario no es una defensa a ultranza del ordenamiento vigente hoy en Chile. Después de 20 años de operación se requiere actualizar, mejorar y fortalecer el marco regulatorio e incorporar la realidad que vivimos con el Cambio Climático y la sequía, las demandas de participación de la ciudadanía y una mayor transparencia en todos los procesos".

Fuente: elmostrador.cl